COVID-19 Y SEGURIDAD NACIONAL

Cnel. ®José Luis Núñez Bennett

Los hondureños enfrentamos amenazas existenciales a la seguridad humana y que no son susceptibles de solución por parte del gobierno, las fuerzas orden y las fuerzas armadas, si no es con el concurso de toda la sociedad. Hoy día, ante los efectos y secuelas de la pandemia del COVID-19, nueve millones y medio de hondureños nos sentimos menos seguros que hace unas semanas. ¿Ahora bien, si no estamos seguros como ciudadanos, como puede estarlo el país? He aquí un dilema que nos obliga a replantear el concepto de la seguridad nacional en su contexto actual.

Por los efectos del cambio climático hace unos meses varias ciudades y poblados de Honduras comenzaron a sufrir escasez de agua, con las consecuencias negativas para la producción agrícola y el consumo humano. Por otro lado, ante los asombrados ojos de la sociedad capitalina los medios de comunicación mostraban las dramáticas imágenes de los incendios forestales que afectan el territorio nacional. Estas conflagraciones forestales, no solo incineran la vida misma del bosque sino que también arrasa con los medios y estilo de vida de muchos citadinos y campesinos que impotentes, observan como las fuentes de agua desaparecen. Es casi seguro que con la llegada de las lluvias de mayo el paisaje iniciará su lenta recuperación, no así las circunstancias que propician esos eventos. De hecho, la pandemia ha destrozado nuestra seguridad personal y económica. Las secuelas económicas de esta crisis, y sus efectos, solo serán comparables a las secuelas de la guerra de 1969, el huracán Fifí y el ciclón Mitch. Se prevé que la deuda contraída y los costos de esta crisis, tardarán décadas en pagarse.

Libramos la última guerra fue hace más de 50 años. Desde entonces no hemos sido atacados por un enemigo que usara fuerzas militares para someter nuestra voluntad. Durante este medio siglo nuestras Fuerzas Armadas se han profesionalizado y fortalecido institucional, y logísticamente. Ahora, e repente nos sentimos ahora colectivamente menos seguros, que hace 4 meses. La percepción de inseguridad nacional no solo es sintomática de Honduras. En realidad, a nivel global existe la percepción de inseguridad colectiva. Es más, en esta pandemia, tampoco confían en que los estamentos nacionales puedan mantenerlos a salvo. Para el individuo común, la seguridad ahora tiene más que ver con el sustento diario, la subsistencia, la mitigación de los efectos climáticos, la preservación de los recursos naturales, el agua, el suministro de alimentos, el bienestar individual y comunitario. Ante estas circunstancias, la gestión de una pandemia  que debilite al Estado pueda debilitar la soberanía nacional ante la amenazas de otros estados.
El bien común, la prosperidad, protección del medio ambiente, salud y la seguridad individual son ahora aspectos claves en la política de seguridad nacional. Es por eso que resulta imperativo que reconsideremos los fundamentos de esta política. El desafío para Honduras es incluir en esta conceptualización estos aspectos claves, romper el modelo tradicional de defensa, de manera que trascienda y se vuelva dialéctico, inclusivo, que permita la aplicación de la ley para ayudar a luchar contra el cambio climático, asegurar la seguridad humana, contra epidemias y pandemias, la degradación ambiental, la seguridad alimentaria, la escasez de agua y los flujos de emigrados del campo a la ciudad, del territorio nacional hacia el extranjero, los desplazados por la violencia de pandillas, entre otros, solo para identificar algunos problemas.  
La constitución de 1982, en su preámbulo, establece el fin común del Estado “… fortalecer y perpetuar un Estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien en común”. Define los parámetros de la defensa nacional y sus misiones de apoyo, pero su función principal se enfoca en la guerra entre estados, o en el caso del terrorismo, los ataques al estado y el sistema de gobierno. Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas, como herramienta del Estado, tienen como deber fundamental garantizar la seguridad de sus ciudadanos contra todas las amenazas. No solo la amenazas de una fuerza armada externa.
Hoy día debemos de buscar que una política de seguridad nacional sea más receptiva a las preocupaciones de seguridad contemporáneas, una que aborde las fuerzas que están minando las instituciones y las reglas globales del buen gobierno. Hablamos de una política nacional que busque resolver la dicotomía de la búsqueda del bienestar nacional y eliminar las que lo limitan cuando se viola la ética, se irrespetan los principios de gobernabilidad, la exclusión social,  la educación y la salud entre otros. Para esto hay redefinir la relación entre el ciudadano y el estado, especialmente cuando en el mundo actual los ciudadanos quieren protección de este en lugar de seguridad por parte de él.
Otro análisis a tomar en consideración es modificar la dinámica de planificación, es decir, cambiar los parámetros de supuestos, en vez  que  sea reactiva, centrada en hipótesis, amenazas y riesgos, se vuelva dinámica y proactiva de manera que genere equilibrio, inserción, pervivencia, tranquilidad y bienestar. Una nueva dinámica que se ocupe de las amenazas, no como cosas a ser derrotadas, sino como situaciones ante las cuales debemos estar prevenidos. “Si vis pacem, para bellum”.
Por otro lado, hay que limitar o sustituir la mentalidad de “control ciudadano” que aborda los problemas de las personas dándole prioridad al Estado, con un enfoque de “empoderamiento ciudadano” que permita a las personas y los municipios hacerse cargo de sus propias vidas y perspectivas. Es decir, menos presión estatal y más estímulo para participación personal y comunitaria.
Por último, modificar la política intervencionista de la planificación gubernamental por un modelo preventivo, enfatizando la cautela prudente en vez de la reacción dramática y alocada, o lo que comúnmente llamamos “política apaga fuegos”
Todas las políticas estatales que promueven la gobernanza deben incentivar el bienestar tanto del ciudadano como del estado. Ese es el objetivo  definido en el Preámbulo Constitucional. Después del debate que se originó al finalizar la guerra fría, sobre la Seguridad Nacional, y su satanización por los grupos de  izquierda, el pensamiento tradicional de seguridad no aborda con propiedad los nuevos problemas de seguridad que provoca el calentamiento global, las hambrunas, sequías, epidemias y ahora, las pandemias. Estas constituyen amenazas a la seguridad humana que no son susceptibles de solución por parte de las fuerzas militares. Sin embargo, ante las evidencias actuales, podemos ver que van directo al corazón de la seguridad nacional. Estamos ante un problema existencial que en caso de desbocarse, socialmente podría amenazar la existencia del mismo Estado.  
En el caso nuestro, aunque la Constitución aborda otras amenazas a la seguridad nacional, creo que gran parte de nuestro esfuerzo de seguridad nacional debe ser redirigido para resolver los problemas que nos agobian a nivel global. Aquí queremos incluir los aspectos morales y éticos de quienes nos gobiernan o gobernarán a futuro, la honestidad de la burocracia, y la sensibilidad humana del funcionario planificador y ejecutor. Para la consecución de la política de seguridad nacional en el ámbito exterior, se necesita un mayor esfuerzo para lograr una diplomacia enérgica, con los recursos adecuados y los mejores hombres y mujeres. No constituida por amigos de oficio o de partido. Se requiere reforzar las instituciones internacionales regionales, que diseñen programas de asistencia para el desarrollo regional como un todo, y que invierta en la seguridad humana de nuestra región. Crear o fomentar las coaliciones internacionales es un trabajo duro. Pero ahí es donde debe orientarse la inversión en nuestra seguridad nacional, de manera que, si la región se desarrolla y hay progreso humano, en una zona donde hay progreso, habrá menos amenazas de conflicto.

Tegucigalpa, 20 de abril, 2020.

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